Durante el 2019 se ha registrado un nivel de actividad regulatoria importante, originado principalmente en entidades del Poder Ejecutivo y Congreso. Estas medidas, sin duda, tendrán efectos relevantes sobre el desempeño de los mercados en el Perú.
A continuación, hacemos un recuento de aquellas iniciativas y regulaciones que constituyen lo más destacado del 2019 y que han marcado la agenda regulatoria durante el año. Muchas de las iniciativas o medidas listadas pueden ser consideradas positivas, mientras que, en otros casos, existen dudas sobre su pertinencia y necesidad.
Luego de 28 años de haberse instaurado en el Perú un régimen de políticas de competencia, el 18 de noviembre el Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia (DU Nº013-2019), que introduce un régimen de control previo de concentraciones empresariales.
La norma será reglamentada en seis meses, entrará en vigor en nueve y tendrá una vigencia de cinco años, debiendo ser revisada por los próximos Congresos, a partir de una evaluación que realizaría el Indecopi.
El cambio más resaltante ha consistido en la reducción de los umbrales individuales que había fijado el Congreso para que las empresas estén obligadas a notificar la operación. La valla se ha bajado de 25 a 18 mil UIT (aproximadamente de US$31 millones a US$23 millones) de las ventas brutas realizadas por las empresas durante el año previo.
Esto significa que un número mayor de operaciones deberán ser notificadas para su evaluación por parte de Indecopi. Los límites fijados, sin embargo, son consistentes con la experiencia internacional y la evaluación comparativa hecha por el MEF a partir de información de los países de la OECD.
Tras un largo período de debates, marchas y contramarchas, el 17 de junio entró en vigencia la aplicación del Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable. Establece la obligación de consignar en el empaque de productos procesados advertencias en forma de octógono en los casos en que estos sean altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans.
Si los productos contienen más de dos advertencias octogonales de sodio, azúcar o grasas saturadas, se deberá incluir de manera adicional el texto "Evitar su consumo excesivo". Si el producto comprado tiene la advertencia de grasas trans, el texto incluido deberá cambiar a "Evitar su consumo".
Cabe mencionar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las grasas trans son altamente riesgosas para la salud. Si bien el rotulado puede orientar ciertas decisiones y conductas del consumidor, estas medidas serán poco eficaces si no van acompañadas de políticas públicas complementarias (vinculadas con educación y provisión de información al consumidor) que promuevan la alimentación saludable.
El 5 de abril se aprobó el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR). El ACR establece estándares mínimos para la aprobación de normas que generan trámites administrativos para los ciudadanos. Este mecanismo ha consistido en verificar la legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad de los dispositivos regulatorios.
Producto de este proceso, entre el 2018 y 2019, 62 entidades del poder ejecutivo fueron evaluadas, se analizaron 2432 dispositivos emitidos, se eliminaron 734 (30%) y se simplificaron o mejoraron 363 normas (15%).
En la actualidad, todo dispositivo reglamentario que genere procesos administrativos debe pasar por el aro del ACR, cuya administración está a cargo de la PCM, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas.
El 2019 ha sido un año de intenso trabajo regulatorio para Ositran, organismo encargado de revisar las tarifas de 4 concesiones de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Esta revisión se ha efectuado utilizando la metodología del factor productividad, la cual consiste en trasladar cada cinco años a los usuarios de infraestructura las eficiencias ganadas por los concesionarios durante el período.
Como resultado de este proceso se obtiene el factor X, el cual se aplica anualmente descontando el índice de inflación. Los factores X aprobados por el regulador fueron: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (3.26%), Terminal Portuario de Matarani (0.05%), Terminal Portuario de Paita (-4.70) y Terminal de Embarques de Concentrados Minerales del Callao (1.44%).
El 19 de julio, mediante la Ordenanza 2164, la Municipalidad de Lima aprobó medidas de restricción del tránsito vehicular en cinco corredores de Lima Metropolitana. La medida alcanza a los vehículos categoría M1 y N1 y consiste en la prohibición alternada según el último dígito de la placa, en cuatro días de la semana, de la circulación durante dos franjas horarias: 6:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
La regulación ha sido blanco de diversas críticas. Una de las principales está relacionada a la ausencia de una línea de base para la implementación de la medida, que incluya tiempos de traslado en las vías objeto de la restricción y en vías alternas. Ello hace difícil estimar el efecto que esta regulación ha tenido sobre el alivio del problema del tráfico en la ciudad. Una medida similar se ha extendido semanas después al tránsito de camiones.
En agosto de 2019, Osinergmin aprobó una modificación en el procedimiento técnico del COES N° 26, que reconoce potencia firme a energías RER intermitentes (solar, eólica y mareomotriz) en función de su envío en las horas pico, actualmente de 6 a 11 pm.
Esto implicaría que dichas centrales podrán contratar potencia y su energía asociada con las distribuidoras eléctricas y clientes libres sin necesidad de subastas RER promovidas por el Estado. Esto, junto con la reducción sostenida de los costos de inversión de este tipo de tecnologías, abre el camino a la reducción de eventuales subsidios futuros (como las “primas RER”) que se cobran vía peaje de transmisión en los recibos de los usuarios de electricidad.
Durante el 2019, Osiptel lanzó al mercado dos nuevas herramientas de información al usuario de servicios de telecomunicaciones. La primera, llamada Comparamóvil, consiste en un comparador de precios de smartphones clasificado por comercializador (empresa operadora o retailer independiente).
Asimismo, se ha relanzado la herramienta Comparatel, que permite comparar tarifas de servicios de telecomunicaciones según las modalidades y atributos que interesen al usuario. Dada la proliferación y diversidad de planes tarifarios en este mercado, el uso de la tecnología al servicio del usuario resulta indispensable en el objetivo de empoderar las decisiones del consumidor.
Durante el 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio inicio al proceso de reordenamiento de las bandas de frecuencias 3400 - 3600 MHz, adecuándolas a la nueva canalización de la banda de frecuencia de 3300 - 3800 MHz y aprobando el cronograma para dicho procedimiento.
Este proceso culminó el 31 de diciembre con la aprobación de la Resolución Directoral 464-2019-MTC/27 (publicada el 3 de enero de 2020). Este proceso es importante no solo porque apunta a promover un uso más eficiente del espectro, sino porque busca facilitar la implementación de nuevas tecnologías, como 5G, en nuestro país.
Durante el 2019, Sunedu ha mostrado resultados importantes en la fiscalización de las Condiciones Básicas de Calidad que exige la Ley Universitaria. Así, en el año se han emitido 30 resoluciones de denegatoria y 26 de otorgamiento de licencia.
La reforma en el sistema de fiscalización de la educación superior permitió pasar de un sistema de autorregulación, que mostraba serias falencias y conflictos de interés, a un sistema de regulación en el que existe una autoridad independiente de la gestión que ejercen las universidades.
El resultado de este proceso es de largo plazo y apunta a una mejora en la calidad de la educación universitaria y que esta brinde garantías a los estudiantes para el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad.
Durante el 2019, Indecopi ha continuado con la publicación de documentos que han buscado mejorar los niveles de predictibilidad y de orientación al público en materias relacionadas con libre competencia y protección al consumidor.
Así, se publicó la Guía de asociaciones gremiales y libre competencia, la cual busca orientar a las asociaciones de empresarios en la observancia de normas que prohíben la realización de prácticas anticompetitivas, en particular, las colusorias.
Asimismo, hacia finales de 2019, Indecopi publicó los Lineamientos de protección al consumidor, los cuales ofrecen criterios orientativos sobre la aplicación que se ha venido haciendo del Código de Defensa y Protección al Consumidor. Finalmente, el 28 de mayo se aprobó el Reglamento de Arbitraje de Consumo, el cual tiene por finalidad resolver, con carácter vinculante y produciendo efectos de cosa juzgada, los conflictos surgidos entre consumidores y proveedores.
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